Carmen Aristegui F.:Una Reforma para la capital

Una Reforma para la capital
Carmen Aristegui F.

Hace exactamente 20 años se dio un primer gran paso para cambiar el rostro político de la ciudad capital y empezar a restituir derechos políticos y ciudadanos conculcados durante décadas a los habitantes del Distrito Federal. Una tarea a todas luces inconclusa.

Durante largo tiempo el Distrito Federal fue administrado por un regente nombrado directamente por el Ejecutivo federal. El elemental derecho de los ciudadanos para nombrar a sus gobernantes quedó soslayado frente al dominio de la Federación y el asiento de los poderes. Aquello no parecía causar demasiado ruido, si se toma en cuenta que durante varias décadas el arribo al poder de gobernadores y representados estaba necesariamente precedido de la venia presidencial. Las reglas del juego político y las transferencias de poder eran determinadas por factores diversos que no siempre incluían el sentido del voto popular.

El país y la capital han evolucionado. Hace tiempo ya que fue rebasado el más crudo de los tutelajes. La regencia vio su fin cuando había ya un camino andado hacia la apertura y la competencia.

Es cierto que desde 1997 elegimos al jefe de Gobierno, después a los jefes delegacionales y que la Asamblea amplió facultades que le han permitido legislar en materias, incluso, de avanzada. Recientemente se aprobaron leyes sobre la interrupción legal del embarazo, sobre el derecho de los no fumadores o la ley sobre sociedades de convivencia. Han sido avances, pero claramente insuficientes para aspiraciones y exigencias ciudadanas.

El largo camino para reemplazar la tutela del gobierno federal y el Congreso de la Unión sobre el Distrito Federal y los derechos de sus habitantes es una tarea a todas luces inconclusa. No existe razón de fondo para que continuemos así. Hace algunos años fue presentada una importante iniciativa para completar el proceso de restitución de derechos, facultades y atribuciones para la capital del país. Se trataba de dotar de un nuevo orden jurídico que permitiera al Distrito Federal ampliar y ensanchar los parámetros de su vida democrática. La iniciativa de la reforma política para la capital del país corrió los canales legislativos correspondientes. Procesada con gran holgura en la Cámara de Diputados, finalmente vio frenado su camino en la comisión que para el Distrito Federal tenía prevista el Senado de la República. Esa iniciativa fue producto de un largo trabajo entre políticos de diferentes partidos y especialistas que trabajaron discretos, casi en silencio, sobre esa transformación para la capital del país.

Después de aquello lo que ha quedado es la posposición. Hoy a 20 años de distancia del primer paso, la restitución plena de nuestros derechos y la democratización de nuestros órganos de gobierno sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Es verdad que la Ciudad de México es sede de los poderes federales y capital de todos los que habitan este país, pero ésta no puede ser más la explicación que condene a millones de personas -como si fuera fatalidad- a una ciudadanía disminuida.

En el Distrito Federal se ha desarrollado una parte sustantiva del debate nacional. Aquí habita una porción importante de nuestra masa crítica. En este lugar se han producido extensas y profundas contribuciones, desde el pensamiento, la tribuna, las movilizaciones y la acción política a favor de la democracia y de nuestras libertades. Somos, en alguna medida, una sociedad contestataria. La nuestra es la ciudad de los zócalos llenos, de las marchas, los plantones y las exigencias. No cabe más la subordinación política para la capital del país, aunque haya sido atemperada.

Todos los partidos postulan más democracia para la capital, pero en los hechos postergan la reforma que la haría posible. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué la desidia?

La élite política deberá explicar por qué los votos que se emiten para elegir diputados en la capital no valen igual que en otra parte del país. La ALDF tiene facultades como las de cualquier otro Congreso local.

Resulta increíble que la representación social de los capitalinos no esté facultada para legislar ni siquiera en una materia tan sensible para millones de sus representados como la seguridad pública.

Los representantes son, pero no lo son del todo. Representan, pero no representan del todo.

A la Asamblea la han dejado estacionada en una representación incompleta, sin plenitud de facultades.

A 20 años de distancia, el Congreso de la Unión, la élite política y ustedes mismos están obligados a rescatar el impulso para una reforma política en el Distrito Federal. El trabajo está hecho y el debate está dado desde hace algunos años.

A la Asamblea Legislativa se le excluye, por ejemplo, de los procesos de reforma constitucional. Al gobernante electo se le impide nombrar por sí mismo a policía y procurador. Aquí no tenemos Constitución y tampoco televisión.

¿Qué es lo que hace falta para lograr una democratización plena del Distrito Federal? ¿Qué hace falta para que los habitantes de esta ciudad -que han protagonizado las más intensas, significativas y trascendentes luchas por la libertad y la democracia- sean, finalmente, reconocidos con sus derechos a plenitud?