México
En este semestre, siete comunicadores fueron asesinados en diferentes estados, cifra que movió a los organismos nacionales e internacionales para buscar un acercamiento con las autoridades ante un ambiente de violencia e impunidad.
Reporteros y medios no tienen garantías de seguridad para realizar su trabajo. El Gobierno Federal no ha logrado frenar la impunidad que existe en los crímenes perpetrados en los últimos años.
La ola de violencia que aqueja a México ha dejado más de 28 mil 500 víctimas a casi cuatro años de que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra el crimen organizado.
La prensa mexicana incrementó los niveles de autocensura y en algunos lugares del país no reporta los hechos violentos en donde está involucrado el crimen organizado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha contabilizado la muerte de 65 periodistas desde el 2000 a la fecha. El organismo exigió al Gobierno nacional llevar a cabo acciones para evitar las agresiones, ya que se vulnera el derecho a la información de toda la sociedad.
Además de los homicidios, ya señalados, en el periodo de 2005 a la fecha, la CNDH ha registrado la desaparición de 12 comunicadores, entre ellos la del periodista de El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, en abril de 2005, así como 16 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
La federalización de los crímenes contra la libertad de expresión y que estos no prescriban, así como el agravamiento de penas y medidas de protección, son temas pendientes en la legislatura mexicana a pesar de insistentes llamados de la SIP y otros organismos nacionales e internacionales.
Del 22 al 24 de septiembre de este año, una delegación internacional de la SIP y del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sostuvo una reunión con el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien se comprometió a instalar en la agenda pública nacional el tema de la libertad de prensa.
El Presidente también prometió garantizar la seguridad de los reporteros e impulsar la reforma legal que hará de los crímenes contra la libertad de expresión un delito federal.
En la reunión el Presidente responsabilizó al crimen organizado como frente de esa violencia y se estableció que se trabajaría en un proyecto que contempla medidas como un sistema de alerta temprana y un paquete de “prácticas ideales” del ejercicio periodístico.
Por otra parte y ante organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, presentó la ‘Guía para Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de Periodistas y Comunicadores en México’ que tiene como objetivo “contrarrestar la situación violenta que enfrentan defensores de derechos humanos y periodistas”.
Otros hechos relevantes en este período:
El 29 de marzo, la SIP pidió al Presidente Calderón, su intervención para que avance el estancado proceso judicial por la muerte del profesional Armando “El Choco” Rodríguez.
El 8 de junio, la SIP expresó su preocupación e hizo un “llamado a la cordura” por la campaña política hacia los comicios en Sinaloa que derivó en ataques contra el diario El Debate y amenazas directas contra sus propietarios.
En junio se registró una serie de incidentes contra trabajadores y distribuidores del diario Noroeste de Culiacán, en Sinaloa. Ocurrieron siete incidentes en contra de los empleados encargados de la distribución del diario, algunos fueron amenazados y despojados violentamente de sus motocicletas o bicicletas y otro resultó herido con dos impactos de bala.
El 24 de junio, hombres armados con rifles automáticos AR-15 y pistolas 9 milímetros habrían dispararon en más de 160 ocasiones contra la antena y las instalaciones de la repetidora de la cadena Televisa, en Torreón. No se registraron heridos.
El 9 de julio, la SIP expresó su beneplácito por la esperada decisión del Gobierno de México de crear una nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que había sido anunciada durante la visita de la organización en febrero pasado al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Los reporteros Jaime Canales, camarógrafo de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa, enviado de Televisa México y Oscar Solís, reportero del diario El Vespertino, fueron secuestrados el 26 de julio luego de cubrir un motín en el penal Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, en Durango.
El 30 de agosto, cientos de periodistas se movilizaron en todo el país exigiendo a las autoridades la aplicación de justicia en casos de periodistas asesinados.
El 1 de septiembre, el diario Noroeste, en Mazatlán, fue atacado a balazos, luego de amenazas telefónicas a causa de una información publicada sobre ataques entre criminales de distintos carteles del narcotráfico.
También en septiembre hubo preocupación de parte de la SIP por la amenaza grave que enfrentan los medios de comunicación en Zacatecas, en donde se ha incrementado la violencia y se registraron denuncias públicas por el deterioro de la seguridad de la prensa.
El 3 de octubre las instalaciones de El Debate de Mazatlán, en Sinaloa, fueron atacadas por desconocidos. El diario informó que unos 17 disparos, presumiblemente de fusiles AR-15 y ‘cuerno de chivo’ (AK- 47), impactaron el edificio por la entrada de acceso a los clientes.
Los seis periodistas asesinados en este semestre, presumiblemente por razones de oficio son:
Juan Francisco Rodríguez Ríos, reportero/corresponsal de El Sol de Acapulco y Diario Objetivo de Chilpancingo, asesinado el 29 de junio, en Coyuca de Benítez, Guerrero. Fue baleado junto a su mujer, María Elvira Hernández Galeana, en un pequeño café Internet del que eran propietarios. Rodríguez Ríos era además dirigente local del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa. Según informes policiales, dos desconocidos entraron en el local y les dispararon a quemarropa contra el reportero y su esposa. Recibió cuatro balazos en el tórax. Tenía 49 años.
María Elvira Hernández Galeana, periodista del semanario Nueva Línea, asesinada el 29 de junio, en Coyuca de Benítez, Guerrero. Fue baleada junto a su esposo, el también periodista Juan Francisco Rodríguez. Según informes policiales, dos desconocidos entraron en el local y les dispararon a quemarropa. Recibió un disparo en la cabeza. Tenía 36 años.
Hugo Alfredo Olivera Cartas, editor/director de La Voz y El Día de Michoacán/Quadratín, asesinado el 6 de julio, en Apatzingán, Michoacán. Fue encontrado muerto la madrugada del martes 6 de julio. Según información de la prensa, horas antes de su desaparición recibió una llamada a su celular en la que le solicitaron que se trasladara a un lugar donde había ocurrido un accidente, para que obtuviera más información. Tenía 27 años.
Marco Aurelio Martínez Tijerina, trabajaba para XERN, XEDD; TV Azteca, Multimedios y W Radio, asesinado el 10 de julio, en Montemorelos, Nuevo León. Fue encontrado muerto después de haber sido secuestrado la noche anterior por un comando armado en plena calle. Horas después de que su familia denunciara su secuestro, una llamada anónima informó a las autoridades que habían encontrado el cuerpo del periodista. Tenía 45 años.
Guillermo Alcaraz Trejo, camarógrafo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua, asesinado el 11 de julio, en Chihuahua, Chihuahua. Un grupo de hombres armados lo ejecutó cuando se encontraba en el interior de su vehículo. Se había desempeñado inicialmente como camarógrafo en diversos medios de comunicación de la ciudad y posteriormente como editor de video. Tenía 24 años.
Luis Carlos Santiago Orozco, reportero de El Diario, asesinado el 16 de septiembre en Ciudad Juárez, Chihuahua. En mayo de 2010 había comenzado sus prácticas para sumarse a ser uno de los reporteros gráficos en plantilla.
En el concurrido Río Grande Mall, entre la avenida López Mateos y Paseo Triunfo de la República, fue sorprendido por los ocupantes de un vehículo. Junto con él viajaba el también fotógrafo Carlos Manuel Sánchez, quien resultó lesionado. Tenía 21 años.
Carlos Alberto Guajardo Romero, periodista del periódico Expreso de Matamoros, Tamaulipas, asesinado en el fuego cruzado entre policías federales y miembros del crimen organizado.
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