Reparación del daño, la nueva censura
Lenia Batres Guadarrama
Somos testigos de cómo en escasas dos décadas el poder real se ha ido trasladando del Estado hacia los que ahora llamamos grupos fácticos. En consecuencia, los abusos e impunidad también se han ido mudando hacia allá.
Ahora tenemos que defender nuestras libertades individuales, más que de los abusos del gobierno, de los que cometen los particulares más poderosos. Y ni qué esperar de la justicia formal, que hoy más que nunca, se encuentra al servicio de éstos.
Tiendas de autoservicio hacen colectas con el cambio de los pagos por artículos; los cines juntan dinero para devolver la vista a la gente de comunidades marginadas –según dicen--, al estilo Teletón. Nunca sabemos cómo lo gastan, pero con bandera ajena, dejan de pagar impuestos que aparecen ante Hacienda como donaciones a organizaciones altruistas.
En fin, esto viene a cuento por las agresiones que están viviendo los periodistas mexicanos y en conjunto la libertad de expresión, sin más defensa que sus propias uñas, ante un Estado contemplativo.
En estos dos sexenios panistas, han acallado al popular Gutiérrez Vivó, encarcelado a Lydia Cacho y sacado a Carmen Aristegui de un espacio comercial de la radio durante un año. Por intereses privados en los tres casos.
Ni en los setenta estuvimos peor, con todo y guerra sucia, cuando se acallaba cualquier voz disidente en los medios. Según el Observatorio Iberoamericano de la Libertad de Prensa, supervisado por la UNESCO, en México han muerto 92 periodistas desde 1979. Es decir, en los últimos 30 años. De ellos, 48, más de la mitad, han sido ejecutados en las dos administraciones panistas, del 2000 a 2008, fundamentalmente a manos del narco.
En el índice de respeto a la libertad de expresión que emite Reporteros sin Fronteras cada año, pasamos del lugar 75 en 2002 al número 140 en 2008.
Como si ello no fuera suficiente infamia contra ente derecho fundamental, ahora se está aplicando una represión soterrada por la vía judicial por medio de la figura de reparación del daño moral en contra de los periodistas.
Olga Wornat, la revista Proceso, Eduardo Huchim y Rubén Lara, y ahora Ana Lilia Pérez y Miguel Badillo, reportera y director de la revista Contralínea, han sido demandados por sus personajes criticados o exhibidos en negocios turbios.
Tal como ocurrió con los delitos de "calumnias", "injuria" y "difamación", el “daño moral” debe desaparecer, dado que es una figura arbitraria del derecho civil que se “repara” mediante una sanción económica.
Se encuentra aún pendiente de regular el derecho de réplica que se insertó en la Constitución el año antepasado (por cierto, se tenía hasta el 30 de abril para emitir la ley correspondiente). Eso es lo que debería existir. Reparación real es poder rectificar información u opiniones tergiversadas en los mismos espacios en los que se trasmiten, no la demanda por dinero, que de moral no tiene nada.
Publicado el 4 de febrero de 2009 en La Fuerza del Sol.
